Quan: 14 de marzo de 2011
Lloc de l'esdeveniment: Madrid
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de la que PIMEC es miembro fundador, ha presentado un estudio, basado en 800 encuestas recogidas de empresas adheridas, en un 96% pymes, del que se desprende que el plazo medio de cobro que se pactó en 2010 en el sector privado fue de 75 días, aunque el plazo de cobro efectivo fue de 93 días. No obstante, ambos datos son inferiores a los registrados en 2009, con 77 y 101 días, respectivamente. Según estimaciones de la PMcM, esta reducción de los plazos supuso un total de 1.800 millones de euros en la mejora de pagos en el sector privado, ahorro que ha revertido positivamente en la sociedad española al aumentar la competitividad y capacidad de autofinanciación de las empresas, reactivando así el empleo.
“En 2010 el sector privado consiguió reducir el plazo de sus pagos intentando ajustarse a los marcados por la Ley de Morosidad, y muy lejos de los datos registrados por las AA.PP., que han incrementado aún más la demora de sus pagos”, asegura el presidente de la PMcM, Rafael Barón, en base a las conclusiones del informe que ha presentado la entidad sobre comportamiento de pago de las Administraciones Públicas y del Sector Privado en España desde la entrada en vigor de la nueva Ley.
De acuerdo con los resultados analizados por la PMcM, el 64% de las empresas encuestadas tiene en la actualidad contratos o acuerdos comerciales con clientes que le exigen plazos de pago superiores a los 85 días legales. Respecto a la ratio de impagados, el 27% de las empresas encuestadas ha observado un aumento, mientras que en un 39% se ha mantenido sin variación, y en un 34% se ha visto reducida.
En lo que se refiere a las AA.PP., primer contratador del país y sector en el que el plazo medio de cobro pactado en 2010 era de 60 días, la PMcM denuncia que se ha elevado el plazo medio de cobro efectivo de 154 días en 2009 a 157 el año pasado. Ante esta situación, Barón insiste en que para que se cumpla eficazmente la Ley, es necesario que “la Administración Pública sea la primera en cumplir la nueva normativa, poniendo en marcha la línea de créditos ICO que prometió (y plasmó en la normativa), para que las Administraciones Locales puedan pagar a sus proveedores”.
En España, la ratio de morosidad (% de impagos respecto al total facturación) en 2010 se cifró en el 5,1%, porcentaje superior al 5% de 2009. “Este nivel de morosidad contrasta con la ratio del 2,6% que se registra en la Unión Europea”, destacó Antoni Cañete, portavoz de la PMcM.
Además de las AA.PP., los segmentos más reacios al cumplimiento de la Ley de Morosidad son la gran distribución y los sectores afines a la construcción. Concretamente, en el sector público, los plazos medios pactados en industria se situaron en 90 días, y 82 para el sector construcción y el de servicios; sin embargo, los plazos medios reales subieron hasta los 157, 163 y 145 días, respectivamente. Si consideramos los mismos sectores de actividad, pero referidos al sector privado, los plazos medios pactados fueron de 80 días en industria, 77 en construcción y 65 en servicios, mientras que los plazos medios reales se sitúan en los 96, 97 y 86 días respectivamente.
La Ley de Morosidad aporta en sí misma herramientas eficaces para su cumplimiento, a las que próximamente se sumarán otras, tales como el Régimen Sancionador y el Observatorio de la Morosidad, medidas con las que se pretende acabar con la lacra que ha propiciado el cierre de más de 400.000 empresas en España desde el inicio de la crisis en 2008, y que provoca que muchas empresas pierdan competitividad o incluso se vean obligadas a despedir a sus empleados, ante la demora en el cobro de sus facturas.
Puede ver los resultados de la encuesta en el documento relacionado en esta página.
El Departamento Jurídico y Laboral de PIMEC se pone a su disposición para asesorarle gratuitamente en aquellas consultas relacionadas con la aplicación de la Ley 15/2010, de Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como en las dirigidas a conocer las actuaciones que en la actualidad se pueden llevar a cabo contra los incumplimientos de los plazos de pago establecidos en dicha ley.
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