El gremio de instaladores FERCA, que representa a unas 5.000 empresas dedicadas a la instalación de electricidad, fontanería o calefacción, entre otras, ha denunciado hoy que administraciones y empresas deben a los instaladores 262 millones de euros por trabajos realizados pero no cobrados al completo. Esta es la principal conclusión del informe sobre la situación del sector elaborado por FERCA y la patronal PIMEC, un estudio que se nutre de los datos de una encuesta realizada entre 300 empresas del sector.
Los instaladores, un sector formado en gran parte por autónomos y microempresas, calculan que más de la mitad de estos 262 millones corresponden a deudas contraídas por el sector público y por promotores inmobiliarios.
Tanto el presidente de FERCA, Xavier Carulla, como el presidente de la patronal PIMEC, Josep González, han denunciado que ni el sector público ni el privado cumplen con los plazos máximos de pago previstos en la ley de lucha contra la morosidad. Los equipamientos públicos, junto con la industria y la vivienda libre, representan los ámbitos con mayor morosidad, según el informe, que propone que los promotores inmobiliarios no puedan certificar el final de una obra si los instaladores no han cobrado o recibido al menos un aval por las cantidades pendientes.
FERCA, que representa aproximadamente a la mitad de las empresas del sector, según sus datos, denuncia que en los últimos años han desaparecido 500 empresas de este tipo, y que su actividad ha caído un 60% desde 2007. Este gremio estima que sus empresas asociadas dan trabajo a entre 16.000 y 20.000 personas, y el informe elaborado en colaboración con PIMEC sostiene que cada empresa instaladora tiene obras realizadas pero pendientes de cobro por un valor medio de 80.311 euros.
Por otra parte, el informe sostiene que la diferencia entre el período de pago y el de cobro obliga al sector de los instaladores a contar con 153 millones de euros para cubrir su circulante.
