La Platlaforma Multisectorial contra la Morosidad, integrada por PIMEC, logró hace dos días un hito que hay que recordar: el Senado ha aprobado la reforma de la Ley contra la Morosidad, que desde la Plataforma tan ampliamente hemos reclamado y luchado. Estuvimos presentes en la sesión del Senado para blindar la reforma y asegurarnos de que no se producía ningún cambio de lo ya aprobado en el Congreso. Con esta modificación, PIMEC hace justicia a las pymes que hasta ahora se han visto obligadas a hacer de financieras de otras empresas y de las administraciones.
Finalmente, la Cámara Alta ha aprobado la reforma con la que el plazo máximo de pago entre empresas será de 60 días a partir de la fecha de recepción de la mercancía o prestación del servicio, y el sector público deberá pagar a 30 días. Sin embargo, habrá un periodo de adaptación, y hasta el 2013 se irán reduciendo escalonadamente los plazos de pago.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebra la aprobación en el Senado del nuevo texto de reforma de la Ley 3 / 2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Fruto de las incansables consultas y trabajos de la Plataforma con los grupos parlamentarios, el texto adoptado en la Cámara alta presenta sustanciales mejoras con respecto al surgido del Congreso a finales de marzo. La Plataforma se felicita de este cambio legal histórico que debería dar un cambio a la nefasta cultura de pago de nuestro país.
El texto legal aprobado por el Senado confirma el cómputo del plazo máximo de pago de 60 días a partir de la fecha de recepción de la mercancía o prestación del servicio y no de la factura. Este plazo se acorta a 30 días con la misma regla de cómputo para el caso de los productos frescos. La Ley insta al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a promover que las memorias anuales de empresas auditadas incluyan de forma obligada información sobre sus plazos medios de pago a proveedores.
Esta mayor transparencia, imprescindible para la aplicación de la Ley, viene completada con la confirmación del papel de las organizaciones patronales en la defensa de los intereses de sus asociados en este campo. Estas entidades podrán promover denuncias ante órganos administrativos y judiciales.
Esta aprobación histórica ha exigido tener en cuenta la singularidad de muchos sectores y actividades. La gran distribución podrá liquidar facturas agrupadas con ciertos límites, al tiempo que se mantiene el calendario de aplicación gradual hasta 2013 para el sector privado y las administraciones públicas, ya pactado en el Congreso. Para adaptarse a la Ley, los contratos de suministro deberían modificarse en un plazo máximo de tres meses y se aplicará un régimen provisional y excepcional para los proveedores de obras públicas, los plazos de las cuales de cobro serán en cualquier caso mejores que los actualmente vigentes. Las administraciones locales también contarán con financiación del ICO para poder afrontar sus pagos pendientes con pymes y autónomos.
La Plataforma agradece el apoyo de las muchas asociaciones que la configuran y de los grupos parlamentarios que han colaborado en la iniciativa tanto en el Congreso como en el Senado. En palabras del portavoz de la plataforma y presidente de PIMEC, Josep González, "quedará ahora el difícil reto de poner en práctica con la máxima ambición una Ley que deberá mejorar la situación de miles de pymes y autónomos y reequilibrar las reglas del juego en España ".
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad es una agrupación nacional que engloba a más de un centenar de instituciones sectoriales, en representación de más de 1.500.000 empresas, que emplean a más de 4 millones de trabajadores y que suponen un volumen de negocio superior los 150.000 millones de euros, un 15% del PIB español.
