La futura ley de contratos del sector público en el ámbito de la seguridad y la defensa impulsa la participación de las pymes al crear un marco regulatorio específico que reconoce la singularidad de los contratos en estas materias.
El Consejo de Ministros ha aprobado remitir el proyecto de ley que adapta la Ley de Contratos del Sector Público a las especificidades del ámbito de la Defensa y Seguridad fomentando, entre otras cosas, la participación de las pymes.
Así, la nueva ley cumplirá con los criterios fijados en una directiva comunitaria de 2009 en esta materia, al tiempo que garantizará los principios de igualdad, no discriminación, concurrencia y transparencia propios de los procesos de contratación pública.
El proyecto tiene la finalidad de contribuir a desarrollar una base de suministradores para la defensa europea entre el universo de las pequeñas y medianas empresas. Así, se exigirá que las subcontrataciones por parte de los adjudicatarios se lleven a cabo teniendo en cuenta unas normas mínimas de publicidad y garantizando la mayor objetividad posible en la selección de las empresas.
Se espera que estos requisitos abran este mercado de segundo nivel a empresas que no pueden participar en la licitación de forma directa por las características de su actividad o por tener un tamaño insuficiente, de modo que puedan participar en la ejecución de los contratos.
Además, el proyecto de ley permitirá a los órganos de contratación establecer determinadas exigencias adicionales en la documentación contractual para garantizar la seguridad de la información y del suministro, especialmente relevante en estos ámbitos.
Asimismo, el texto introduce una serie de ajustes legales para flexibilizar los procedimientos de contratación en este campo, como el incremento del plazo de vigencia de los acuerdos marco o la posibilidad de que en el procedimiento negociado se pueda establecer un trámite previo de selección de contratistas orientado a limitar el número de licitadores.
