La Plataforma pide varias medidas para mejorar los plazos de pago
La PMCM, de la que forma parte PIMEC, que es impulsora de la reforma de la Ley contra la Morosidad 15/2010, ha presentado el estudio "Comparativa europea de plazos de pago en las transacciones comerciales", elaborado a partir de datos de 'Intrum Justicia, Crédito y Caución y el Banco Mundial. Según el informe, España es el tercer país de la UE-15 con plazos de pago más dilatados (99 días), por detrás de Grecia (110) y de Italia (103), y seguida de Portugal (92).
El portavoz de la PMCM y secretario general de PIMEC, Antoni Cañete, ha aclarado que "los plazos de pago de las administraciones públicas europeas presentan más dispersión que los pagos entre empresas". En el ámbito público, Finlandia es el país con mejores prácticas de pago (24 días), mientras que en el extremo opuesto, en el grupo de pagadores tardíos, despuntan cuatro países con pagos a más de 100 días. Se trata de Italia (180 días), Grecia (168 días), España (153 días) y Portugal (139 días). España es, por tanto, el tercer peor pagador.
En su opinión, "con este estudio se constata que los países del sur de Europa (España, Grecia, Italia y Portugal) son los que tienen más problemas con los plazos de pago, frente a los países centrales (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido), que presentan un ritmo normal de pago, y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia), que son los que tienen mejores prácticas de pago”.
Para mejorar esta situación, la PMCM recomienda seguir el ejemplo del caso francés, ya que se pasó de un plazo de pago entre empresas en 2006 de 57 días a 48 en 2010, estableciéndose como plazo obligatorio 45 días desde fin de mes o 60 días desde la emisión de la factura. Esta ley francesa, que permite la libertad de elección de las partes contratantes para escoger entre las dos opciones y contempla que el proveedor y el cliente puedan acordar un plazo de pago más corto, afecta a todas las empresas fabricantes, distribuidoras, comerciales, emprendedores, artesanos y profesionales, excluyendo a personas físicas no empresarias, comerciantes y profesionales, y ampara excepciones sectoriales por acuerdos hasta el 1 de enero de 2012.
Para España, la PMCM propone medidas como un régimen sancionador por incumplimiento que concrete los mecanismos de aplicación de la Ley 15/2010, porque "sin él la Ley constituye un marco normativo incompleto", explica Antoni Cañete. Por ello, la PMcM ha elaborado esta Proposición de Ley de modificación de la Ley 3 / 2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen multas de entre 300.001 a 900.000 euros para infracciones muy graves, de 30.001 a 300.000 euros para las graves, y de 6.000 a 30.000 euros para las leves. El Régimen Sancionador contempla que las Comunidades Autónomas puedan decretar el cierre temporal de empresas que hayan reincidido tres veces en infracciones muy graves. Además, en cuanto a la especial trascendencia o gravedad de los hechos, el número de personas afectadas o la conveniencia de su conocimiento por los operadores comerciales que lo hagan aconsejable, las autoridades competentes podrán acordar que se haga pública la resolución adoptada en procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves.
Dentro de la batería de medidas propuestas por la PMCM, también se ha planteado la necesidad de poner en marcha el Observatorio de la Morosidad, la introducción del criterio de caja en el pago del IVA frente al de importe, la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal (como el IVA contra retenciones), el impulso de figuras y mecanismos no coercitivos como los mediadores franceses, la modificación de los plazos de pago de las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social en concordancia con los plazos de cobro habituales del mercado, la agilización de los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos, entre otras medidas, y el establecimiento de un plan de reducción de la deuda histórica con proveedores que mantienen las administraciones públicas y sus organismos dependientes , hasta la consecución de los plazos que establece la ley.
