La Ley de Economía Sostenible no garantiza la sostenibilidad de las empresas
• PIMEC considera inaceptable la adaptación de la disminución de los pagos de las administraciones públicas hasta el 2013
• El fomento de la innovación y la internacionalización que predica la ley contrastan con el recorte de recursos en los Presupuestos del 2010
• No se dan propuestas concretas ni se entra en algunos puntos polémicos pero capitales, como es la reforma laboral.
• PIMEC espera también que los recursos del Fondo de Sostenibilidad lleguen a las empresas y no se repitan los problemas con las Líneas ICO de liquidez
PIMEC considera que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible presentada por el presidente Zapatero al Congreso es “un cajón de sastre”, puesto que el proyecto prevé reformas legales en ámbitos muy diversos, en general con una orientación correcta pero falta concreción y recursos que permitan un auténtico cambio de modelo económico a nuestro país. Por todo esto, considera que esta norma no se puede considerar que tenga el rango de ley, y que no garantiza la sostenibilidad de las empresas.
Morosidad
En materia de morosidad, el redactado publicado resulta demasiado genérico y no garantiza un cambio profundo en las conductas de pago que reclaman PIMEC y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM). PIMEC pide que las medidas para modificar los plazos de pago sean firmes e inmediatas, que en ningún caso el objetivo de rebajar el plazo de pago de las administraciones de 60 a 30 días se fije para el 2013 puesto que es una fecha extremadamente lejana, y que cuando no se cumpla este plazo, se pague automáticamente de oficio los intereses de demora al contratista. Además, cabe precisar que los 60 días de pago no son ciertos, sino que el plazo real de la Administración se sitúa en 139 días, según un reciente estudio de ámbito europeo. También en este capítulo de la morosidad, PIMEC pide que el IVA de las facturas sólo se liquide cuando se hayan cobrado éstas.
Además, PIMEC cree que será necesario analizar al por menor el articulado del proyecto de ley una vez llegue al Congreso para comprobar si incluye todas las propuestas específicas en materia de morosidad reclamadas por la patronal, y que son un aspecto capital para mejorar la tesorería de las pymes, sin las cuales no podrá sostenerse nuestra economía.
Reforma administrativa: facilidades para emprendedores y pymes
Respeto a las facilidades administrativas y la contratación pública, el Gobierno del Estado pretende reducir las cargas administrativas en la creación y funcionamiento de las empresas. La medida tiene buenas intenciones pero hace falta recordar que el anterior proyecto de “Sociedad Limitada Nueva Empresa” (SLNE) nunca llegó a incentivar la emprendeduría y que otras administraciones andan precisamente en sentido contrario, como la Ley catalana de Prevención y Control Ambiental. En materia de contratación pública, conviene que la ley y el posterior reglamento establezcan mecanismos concretos para fomentar la participación de las pymes, tal y como se ha hecho en Francia.
Internacionalización e Innovación
El redactado recoge con acierto la necesidad de redefinir el concepto de internacionalización para incluir la transferencia de tecnología o la promoción de marcas. Pero estas buenas intenciones contrastan con la bajada del 18% de la dotación para internacionalización en los Presupuestos Generales del Estado para el 2010.
Con respecto a la innovación, el anteproyecto prevé ampliar la deducción fiscal por I+D en el impuesto de sociedades del 8% al 12% y reducir las tasas por registro de patentes. PIMEC no comparte esta relación directa entre incentivos fiscales e innovación si no va acompañada de medidas más profundas en educación, mejor financiación a los empresarios y programas específicos de cariz sectorial.
El presidente José Luis Zapatero ha anunciado también un nuevo impulso al diálogo social, dónde aparecen elementos importantes como el sistema de negociación colectiva, las políticas activas de ocupación y el control de las incapacidades temporales. En cambio, no se presentan propuestas concretas en estos campos, ni aborda otros temas clave de la reforma laboral, como el modelo contractual, la flexibilidad, las indemnizaciones por despido o el coste de las cotizaciones sociales. Teniendo en cuenta las cifras de paro en aumento que hoy mismo hemos corroborado, la principal preocupación del Gobierno debería ser dar respuestas efectivas a las deficiencias estructurales del mercado de trabajo.
Sostenibilidad
Finalmente, el objetivo último de la ley, la sostenibilidad, parece afectar sólo el transporte y la energía. En cambio, la industria, el turismo y el sector primario aparecen poco en el documento facilitado, cuando las energías renovables reciben cerca de 5.000 millones € anuales en primas y, en cambio, la resta de empresarios nos tendremos que conformar con un aumento de las deducciones fiscales por inversiones medioambientales y la promesa del futuro Fondo de Economía Sostenible.
En este punto, PIMEC reclama una mejor gestión de los recursos del Fondo para garantizar que lleguen efectivamente a las empresas, favorezcan la inversión en activos productivos más modernos y eficientes, y no se repitan los problemas que hubo con las Líneas ICO de liquidez.
En conclusión, PIMEC considera el documento de resumen del anteproyecto como una declaración de intenciones, repleta de planteamientos generalistas que no se concretan en acciones ni medidas efectivas. Es evidente que la sostenibilidad es un proceso costoso, que en Alemania y en los países nórdicos ha consumido décadas y muchos recursos, pero que también ha generado oportunidades para los empresarios. En el momento actual puede parecer poco adecuado un cambio tan radical, pero PIMEC recuerda que el Estado dispone de recursos e instrumentos suficientes para lograr un modelo más competitivo, innovador, exportador y sostenible, siempre que los empleados de manera adecuada.
En este sentido, el aspecto más destacado del anteproyecto podría ser el compromiso de presentar en seis meses un plano de austeridad y calidad del gasto por parte de la administración del Estado.
Para más información:
Eva Prats - Departamento de Comunicación de PIMEC
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